Es una frase gastada que no ha habido JJOO más politizados que éstos desde Berlín, en 1936. Se ha escrito menos en la víspera olímpica de la pugna jamaicana de los cien metros o la cita con la Historia de Phelps que de los bandazos diplomáticos de Sarkozy o la cartilla sobre derechos humanos que leerá George Bush en Pekín. No hay dudas de que China, un país en desarrollo, ha cumplido con el esfuerzo homérico que requiere organizar el más complejo acontecimiento internacional, pero la atención la monopolizan las sombras políticas, que persisten siete años después de la elección del COI. La discusión sobre el nombre bajo el que debía participar Taiwan, la revocación del visado a un exatleta de EE.UU. por sus críticas al papel chino en Darfur o la prohibición de las manifestaciones políticas de atletas en la villa son los últimos signos.

"Teníamos dos opciones: sancionarles por la violación de los derechos humanos y cerrarles la puerta, o abrírsela y esperar que las cosas mejoraran", razonaba François Carrard, director general del COI de entonces. China ha logrado logros significativos en reducción de ejecuciones o en el uso de la tortura en comisarías provinciales, pero el ritmo de mejora ha sido lento, desesperantemente lento. La opinión aún se castiga con la cárcel en China, continúa la represión contra minorías étnicas, y el cuadro global es calamitoso. Cabe, pues, preguntarse si los JJOO mejorarán el panorama a posteriori, y la Historia mueve al optimismo. No hay precedentes de unos JJOO que empeoraran a un país, y los que más mejoraron fueron a los dictatoriales como Rusia o Seúl, democratizada un año después. "El riesgo merece la pena. Ningún país cerrado ha sido el mismo después de organizar unos JJOO. No puede serlo", opina un miembro canadiense del COI.  Es evidente que el roce con la comunidad internacional favorece el proceso democratizador más que el cerrojo, y no hay acto más global que los JJOO. "Los Juegos son un catalizador, no una cura", dijo recientemente Jacques Rogge, presidente del COI. 

Los cambios no serán bruscos en China porque nadie los quiere. La receta funciona. China ha sacado a 400 millones de personas en 30 años con un milagro económico alabado por gente tan dispar como Hugo Cháves, presidente venezolano, o Rodrigo Rato, exdirector del Fondo Monetario Internacional. Los chinos disfrutan de un progreso impensable unas décadas atrás. "Si mañana hubiera unas elecciones limpias, el Partido Comunista ganaría con un 90 % de los votos", me reconocía el año pasado Lee Cheuk Yan, presidente de la Alianza en Defensa de Movimientos Democráticos y Patrióticos de Hong Kong, una de las organizaciones de derechos humanos más beligerantes con el régimen chino. El acoso hostil a la antorcha y la eficaz respuesta al terremoto de Sichuan han acercado aún más el pueblo a sus líderes. 

Pregunté recientemente a una treintena de pequineses, barrenderos y licenciados universitarios entre ellos, qué cambios ansiaban que trajeran los JJOO. Ni uno mencionó los derechos humanos. Esas percepciones opuestas que tienen Occidente y los chinos sobre cuanto ocurre en el país asiático se explican por el simplismo del primero: los derechos humanos son la parte, que no el todo. Condenar a China a la sección de sucesos comporta perder la perspectiva.

La semana previa ha demostrado que esa brecha es difícil de acortar. Los 20.000 periodistas extranjeros desembarcados en Pekín han mostrado menos interés profesional por los rascacielos, las epatantes instalaciones olímpicas o el admirable renacimiento de esta civilización milenaria que por los dos minutos de gloria de un par de estudiantes estadounidenses que colgaron pancartas protibetanas en los aledaños del Estadio Olímpico, antes de ser detenidos con tacto extremo por la policía.