El Parlamento Europeo nunca había quedado tan escorado hacia la derecha desde 1979, cuando los eurodiputados comenzaron a ser elegidos directamente por los ciudadanos.
Este giro conservador tan marcado, propiciado por una abstención récord del 56,7%, se notará en especial en la legislación relacionada con libertades, inmigración y seguridad, pero también incidirá en el futuro paquete legislativo sobre el cambio climático y dificultará la ampliación del permiso de maternidad y la limitación de la jornada laboral.
El Partido Popular Europeo (PPE) con sus 264 diputados que suman el 35,9% de los votos, constituirá la pieza central e ineludible del tablero parlamentario. Como no dispone de la mayoría absoluta de la Eurocámara, se verá obligado a pactar con otros grupos parlamentarios. Pero sus votos o al menos de una parte significativa de sus miembros serán indispensables para aprobar cualquier medida.
Combinaciones de mayorías
La debacle del Partido Socialista Europeo (PSE), reducido a 161 diputados y al 21,9% de los votos, impedirá la reedición de las alianzas con liberales, verdes e izquierda unitaria para aislar a los populares. Para tener éxito, esos pactos requerirá ahora fracturar al grupo popular y lograr el apoyo de parte de sus diputados. Una de las incognitas será el comportamiento del Partido Democrático italiano (21 diputados), heredero de la izquierda, pero que aún no ha decidido donde se adscribe.
La suma del grupo popular y del liberal (80 diputados y el 10,9% de los votos) tampoco permite constituir una mayoría absoluta suficiente en la nueva Eurocámara. La mayoría absoluta está fijada en 369 votos, pero debido al elevado número habitual de ausencias en los plenos será necesario sumar más de 400 votos teóricos para tener la seguridad de que se alcanzarán en la votación en el hemiciclo los 369 votos necesarios.
Esto conducirá a la generación de mayorías diversas con el apoyo de los pequeños grupos parlamentarios en función de los temas, ya que los antiguos consensos entre populares y socialistas sobre la legislación clave pueden ser ahora más problemáticos.
Más medidas de control y antimigración
Las normativas para incrementar las medidas de control y seguridad frente a la amenaza terrorista --aunque impliquen restricciones a los derechos personales-- tendrán una aprobación más fácil en la nueva Eurocámara gracias al predominio conservador. Estas medidas pueden abarcar desde la retención y el registro de datos personales al control sobre las telecomunicaciones e intenet pasando por controles policiales.
El grupo popular podrá contar para este tipo de normas con el respaldo de las otras fuerzas conservadoras, como los tories británicos, la derecha soberanista, los euroescépticos polacos y checos e incluso el voto de los partidos de extrema derecha.
La alianza de socialistas, liberales, verdes e izquierda unitaria será insuficiente para frenar este tipo de medidas, si no logran el respaldo de una parte del grupo popular. El freno a medidas, como el reciente plan de la Comisión Europea para generalizar el uso de los escáneres que desnudan en los aeropuertos, será más difícil de lograr en la nueva Eurocámara.
Asimismo, la adopción de directivas y reglamentos para endurecer las condiciones de los inmigrantes o la persecución de las personas sin papeles será mucho más fácil en esta nueva legislatura, gracias a la nueva correlación de fuerzas favorable a los conservadores.
Jornadas laborales más allás del 48 horas semanales
La defensa de la supresión de las actuales excepciones dentro de la UE a la jornada laboral máxima de 48 horas semanales, que constituyó uno de hitos de la legislatura que ahora ha concluido, puede ser mucho más problemática en la nueva Eurocámara.
La Comisión Europea deberá presentar un nuevo proyecto de directiva sobre la jornada laboral. Su última propuesta, rechazada por la Eurocámara, mantenía la posibilidad de jornadas laborales semanales de hasta 65 horas si el trabajador lo aceptaba y fue presentada como un avance porque rebajaba ese máximo de las 78 horas posibles actuales.
La salida de los conservadores británicos del grupo popular podría facilitar que este último se mostrara más favorable a eliminar la autorización de jornadas laborales por encima de las 48 horas, en opinión de algunos expertos comunitarios, ya que Gran Bretaña es el principal defensor de esas excepciones. Otros expertos estiman que el elevado peso de los países del Este en el seno del grupo popular complica ese cambio de posición, ya que se oponen a incluir esas restricciones.
Ampliación del permiso de maternidad en peligro
El proyecto para ampliar el permiso mínimo de maternidad retribuido en la UE fue frenado precisamente por los grupos popular y liberal justo antes de acabar la legislatura. La Comisión Europea propuso inicialmente ampliar ese permiso de las 14 semans actuales a 18. Los eurodiputados en la comisión parlamentaria de Derechos de la Mujer ampliaron ese plazo a 20 semanas.
El proyecto, sin embargo, fue devuelto a la comisión parlamentaria en mayo sin ser sometido a voto en el hemiciclo gracias a una alianza de conservadores y los liberales y en medio de las protestas de los diputados socialistas, verdes y de izquierda unitaria.
El grupo popular justificó la devolución del proyecto legislativo con el sorprendente argumento de que tenía muchas enmiendas, pero en realidad temía que si se sometía a votación artículo por artículo podría llegar a aprobarse por la ruptura de la discilplina de voto de sus diputados.
Este proyecto será precisamente uno de los primeros textos legislativos que deberá abordar la nueva Eurocámara, pero encontrará muchas dificultades en su redacción actual. La pérdida de peso de la izquierda le ha restado apoyo y, además del grupo popular y liberal, otras fuerzas conservadoras son hostiles a la ampliación del permiso y a su aplicación también a los casos de adopción, como plantea el proyecto.
Medidas contra el cambio climático
El paquete legislativo de la lucha contra el cambio climático será uno de los temas centrales de la nueva legislatura. Este paquete incluye la revisión del sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono (CO2), la reducción de emisiones de gases por países y por sectores industriales y las nuevas normas de eficacia energética en los edificios.
El mayor peso en el grupo popular de los diputados italianos, polacos y de otros países del Este, muy refractarios a asumir esfuerzos en materia de emisiones de gases por el coste económico para sus países, puede dificultar la aprobación de las medidas, rebajar su ambición o obligar a complicadas componendas nacionales.
La salida de los conservadores británicos elimina además el principal empuje ecológico del grupo popular, ya que los tories se han caracterizado por una fime defensa de la legislación para frenar el cambio climático. Sus nuevos aliados euroescépticos polacos y checos en el futuro grupo antifederalista, por el contrario, son también reacios a este tipo de medidas.
Las otras fuerzas euroescépticas o extremistas suelen adoptar posturas muy nacionalistas, por lo que no respaldarán medidas europeas que impliquen sacrificios a sus países. La izquierda unitaria tampoco se distingue por su apoyo a este tipo de legislación por el temor a que conlleve pérdidas de empleo.
La legislación sobre el cambio climático, por tanto, puede requerir para su aprobación complejas alianzas en las que participen una fracción del grupo popular, los tories británicos, los liberales, los socialistas y los verdes.
(Una versión más corta fue publicada por El Periódico el pasado 14 de junio en el Cuaderno del Domingo)