Con parecidas palabras empezaba su presentación, el pasado 15 de mayo, Pep Sala en el concierto en beneficio de la Fundació Comtal.

Y aunque sorprenda, tiene parte de razón, puesto que la sentencia finalizaba diciendo "es obligación del Estado pertinente realizar la tarea que éstas cubren".

Nadie duda de que este tipo de intervención social, lúdica o ecológica nace para dar solución allí donde el estado de bienestar no llega.

En el sistema mercantil actual, donde la especulación y la compraventa son lo imperante y los beneficios el argumento, las entidades no tenemos lugar. Las nuevas actuaciones sociales, afectadas, como todo, por la dichosa crisis, no pueden jugar en este mercadeo, pero el Gobierno lo procura.

Actualmente, servicios que se llevan prestando desde hace años, bajo el paraguas de subvenciones que tienen en cuenta resultados y programas de calidad, se presentan como bases concursales. Es decir, proyectos sociales para el mejor postor, y de ahí nacen las entidades-empresas-sociales, que se dedican a reventar precios y abrir centros de atención a las personas como si fueran pequeñas franquicias.

Si la política es equiparar la prestación de servicios con la gestión de proyectos sociales, vamos mal, puesto que somos muchas las pequeñas entidades que año tras año hacemos equilibrios para mantener a los equipos profesionales y ofrecer calidad en la respuesta a las variopintas necesidades de niños, jóvenes y adolescentes.

Un proyecto social no debe atender a resultados numéricos, puesto que el cambio o crecimiento de una persona es algo difícilmente cuantificable y menos en cortos períodos de tiempo. ¿Cómo mediremos la capacidad de tolerancia de un joven? ¿Nos servirá como ítem evaluativo "el número de relaciones positivas con sus compañeros"? ¿Cuántas serán las óptimas para evaluarlo? ¿Cómo traspasaremos a datos la responsabilidad de un adolescente? ¿Le dejaremos un pollito para que lo cuide? En función de los días que cuide del animal ¿sabremos si el objetivo está conseguido o no?  

Quizás sí que las ONG desaparecerán, aunque no por la falta de personas por atender, sino por la poca competitividad de sus tarifas.

Como decía mi abuelo: "Véndemelo caro, que soy pobre y me ha de durar tiempo".