La semana pasada Lula acabó vetando dos puntos de la nueva ley sobre Amazonia. Se dice que 14.000 personas llamaron al teléfono presidencial y que otras 25.000 enviaron mails pidiendo estos vetos, llegando a bloquear estas vías de comunicación. Estos vetos impiden formalmente (en la práctica será otra cosa) que personas que de hecho viven fuera de la región y empresas que se apoderaron de tierras de titularidad pública participen del reparto de la Amazonia.

La ambientalista y senadora Marina Silva ha confirmado la importancia que tuvo la participación popular en este resultado: "La participación de la sociedad civil ha sido fundamental para que el Presidente Lula tuviese apoyo popular para vetar el Artículo 7º y parte del 8º de la MP458".

Por mi parte veo positivo que esta ley sea un intento de poner orden legal a una región sometida a una falta total de control público. Pero una cosa es que se den tierras a los que las necesitan para vivir y otra que se haga legalizando décadas de destrucción y de robo de las tierras públicas del Gobierno a gran escala. Si se legaliza el robo descarado de grandes espacios de tierras públicas, el resultado va a ser más robos de tierras todavía con la desforestación de la selva como vía para conseguirlo.

Incluso varios miebros de la Fiscalía Federal han apuntando nueve puntos donde la ley incurre en medidas inconstitucionales. Son medidas que atentan contra la política nacional de reforma agraria, contra la legislación de las licitaciones de bienes públicos y que perjudican claramente la protección de los derechos territoriales de las comunidades tradicionales --pueblos indígenas y quilombolas--. Dando tierras para los grandes hacenderos se acaba perjudicando también aquellos a los que se pretende ayudar: los posseiros pobres que llegaron a la región amazónica atraídos por promesas y estímulos del Gobierno y que ya fueron expulsados por los grandes, quedándose sin tierras para ganarse la vida.

Mapa de la Amazonia con las zonas tomadas ilegalmente en rojo, según la revista Época, un total de 270 millones de hectáreas.