Montoro anuncia el envío masivo de cartas a los defraudadores de la amnistía fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este lunes el envío masivo de cartas por parte de la Agencia Tributaria a los alrededor de 30.000 defraudadores que se acogieron a la última amnistía fiscal. En la misiva, se informará a los contribuyentes que se acogieron a la regularización del 2012 (cuyo plazo finalizó el 30 de noviembre de aquel año) de que la amnistía fiscal no prescribe este 30 de noviembre, cuatro años después, en contra de lo que teme Ciudadanos y del criterio expresado en diferentes ocasiones por la organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)

Con el envío masivo de cartas, el Gobierno de Mariano Rajoy intenta contentar a Ciudadanos de cara a un próximo acuerdo sobre los Presupuestos del Estado. Para Ciudadanos, la revisión de la amnistía fiscal es una condición indispensable para dar su apoyo al texto presupuestario. Sin embargo, el partido que preside Albert Rivera ve en el anuncio de Montoro una maniobra con la que se podría pretender burlar el acuerdo con Ciudadanos.

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“El compromiso del Gobierno con el Congreso de los Diputados y con Ciudadanos, a través del acuerdo de investidura, es el de proceder a la revisión de los expedientes para que los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal paguen el 10% y no el 3% que resultó en su día”, resume el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre. Desde su punto de vista, “el envío de meras cartas informativas” no basta, pues teme que la amnistía fiscal caduque este 30 de noviembre, aunque Montoro diga lo contrario. “Se deben realizar notificaciones formales de inicio de procedimiento de comprobación. Esperamos que en estas cartas informativas sean el primer paso para que se inicie el procedimiento de comprobación al que se comprometió el Gobierno” resuelve el también exinspector de la Agencia Tributaria.  

LOS ANTECEDENTES

En abril del 2012 el Gobierno del PP aprobó una amnistía fiscal que permitía a los defraudadores ponerse al día con el fisco a cambio de pagar un peaje del 10% sobre las cantidades afloradas. La fecha tope para presentar la llamada Declaración Tributaria Especial (DTE) se fijó en el 30 de noviembre. En los primeros meses, el procedimiento tuvo escaso éxito y esto no cambió hasta que la Dirección de Tributos, en dos informes vinculantes de junio y octubre, aclaró que solo había que pagar el 10% por los bienes aflorados posteriores al 2008 (el último ejercicio no prescrito). En total, los alrededor de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal afloraron bienes por unos 40.000 millones. Sin embargo solo se recaudaron 1.200 millones (el 3% del total) pues la mayor parte de los bienes aflorados se consideraron prescritos, en contra del criterio que expresó entonces la asociación Inspectores de Hacienda del Estado.

Ciudadanos reclama ahora la tributación efectiva del 10% y considera que la recaudación adicional de 2.800 millones ayudar a reducir el déficit sin necesidad de otros ajustes adicionales. Conscientes de que la amnistía podría prescribir el 30 de noviembre, Ciudadanos exigió a Hacienda el envío masivo de notificaciones para interrumpir la prescripción y poder exigir ese 7% adicional a los contribuyentes. Hacienda ha dado respuesta a esa exigencia con el anuncio de Montoro del envío masivo de cartas de aviso. Según el criterio del ministro, la amnistía fiscal no prescribe nunca y por eso no es preciso interrumpir la prescripción con el envío de notificaciones.

BIENES EN EL EXTRANJERO

"No hay caducidad en este procedimiento", ha dicho Cristóbal Montoro en la apertura de unas jornadas organizadas por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores e la Administración Civil del Estado (Fedeca), donde también se integran los inspectores de Hacienda. "Todas las investigaciones a partir del mismo (procedimiento) no caducarán". No obstante, dadas las reticencias de Ciudadanos, "para garantizar que no hay ninguna prescripción se dirigirá una carta a cada uno de los contribuyentes afectados a efectos de futuras actuaciones", ha resuelto.

En el fondo, Hacienda descarta exigir a los defraudadores el 7% de tributación adicional que exige Ciudadanos, si bien está dispuesta a investigar todos los patrimonios en el exterior de quienes se acogieron a la amnistía fiscal, según fuentes del fisco. Para ello cuentan con la cobertura de la regulación del llamado ‘modelo 720’ que establece que los bienes en el extranjero no declarados no prescriben nunca. Entre el 2013 y el 2016 se han realizado 3.400 comprobaciones generales que han afectado a declarantes de la amnistía fiscal y que han dado como resultado 238 millones de deuda instruida de la que ya se han liquidado 182 millones de euros.

A partir de ahora Ciudadanos deberá aclarar si se conforma con esta interpretación o si, por el contrario, cumple con su amenaza de no dar su apoyo al proyecto de presupuestos de Mariano Rajoy.